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La ratificación guatemalteca de la Convención
Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena
–que es el paso técnico necesario para participar en la
CBI– se realizó bajo fuertes señalamientos de que el
Gobierno de Guatemala aprovechó el caos provocado por la
tormenta tropical Stan para actuar a espaldas de la población.
Además, desató una ola de críticas de organizaciones
ecologistas locales e internacionales, que denunciaron una
serie de hechos escandalosos que involucraban al Congreso, el
Ejecutivo y a funcionarios públicos del organismo estatal de
pesca. Las acusaciones alcanzaron a varios diputados, a los que
se señaló de haber ocultado deliberadamente información y de
incluir veladamente la discusión de dicho tratado en el
congreso para evitar la reacción de la opinión pública.
A finales de septiembre de 2005, cuando el presidente del
Congreso presentó a los medios de comunicación el estado de
cuentas del legislativo, se ocultó la información del viaje
realizado por el Diputado Víctor Ramírez a Japón para
conocer un supuesto programa de protección de las ballenas.
Por otra parte, la entonces presidenta de la Comisión
de Ambiente del Congreso, Lucrecia de Palomo, aseguró a los
medios de comunicación que la convención serviría para
proteger a estos cetáceos, lo que muestra desconocimiento del
asunto o connivencia con los intereses de Japón.
Junto con lo anterior, la aprobación de la convención
se llevó a cabo en una semana de fiesta nacional en la que el
Congreso trabajó día y medio, y la propuesta se incluyó a
última hora pues estaba fuera de la agenda publicada
oficialmente. Dentro
de los involucrados estaba el presidente guatemalteco,
Oscar Berger, que reconoció ante la prensa haber recibido al
embajador japonés para hablar sobre el asunto y mostró su
acuerdo con el programa nipón para la caza de ballenas.
La reacción
del pueblo guatemalteco, que participó masivamente en
demostraciones pacíficas de rechazo, firmó más de 9000
cartas al presidente requiriendo que el voto de Guatemala
fuera a favor de la conservación, y provocó decenas de
noticias en radio, televisión y prensa escrita, fue
determinante para que se decidiera no participar en la
reunión de Saint Kitts. Sin embargo, Trópico Verde
pudo constatar que las autoridades estuvieron mintiendo
hasta el último momento, cuando el portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores, dos días antes de la reunión,
aseguró que aún no se llenaban los requisitos necesarios
para la participación de Guatemala: En Saint Kitts
Guatemala fue llamada a votar, lo que muestra que se había
incorporado como miembro de pleno derecho y había pagado las
altas cuotas necesarias para ello. Este hecho muestra
que lo de 2006 no fue más que una batalla ganada, pero que
hay que continuar alerta para asegurar que el voto de
Guatemala nunca va a favorecer a los intereses balleneros.
La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la
Ballena se creó en 1946, cuando 14 países la firmaron e
instituyeron la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
La CBI es
el único órgano reconocido internacionalmente para controlar
la caza de ballenas. Está organización se encuentra abierta
a cualquier país del mundo que se adhiera a la Convención de
1946, y sus miembros están representados por un comisario en
las reuniones que se celebran anualmente.
La reducción de las poblaciones de ballenas debido a
los abusos que cometían los países balleneros llevó a que
en 1986 entrara en vigor una
moratoria para la caza de estos cetáceos, la cual continúa
hasta la actualidad. Sin
embargo Japón, Islandia y Noruega se amparan en las
excepciones previstas en esta convención, que permiten a los
gobiernos emitir permisos de caza con fines de investigación
para continuar con esta actividad.
Desde
el año 2000 el gobierno de Japón lleva a cabo una estrategia
para lograr que la CBI dé por finalizada la moratoria, para
lo cual empezó a reclutar países en vías de desarrollo con
el fin de que votaran a favor de sus pretensiones.
A finales de la 57ª reunión de la CBI, que
finalizó el 24 de junio pasado, Japón anunció que proseguirá
y aumentará la caza de ejemplares con "fines científicos",
una medida puesta en marcha en 1987 para evadir la veda
internacional y abastecer los mercados y restaurantes
asiáticos de carne de ballena. El voto de Guatemala podría
ser determinante para que la CBI decrete el fin de la
moratoria de la caza de ballenas, pues en la actualidad los países
reclutados por Japón están equilibrados con aquellos que abogan por la protección de los cetáceos.
Trópico Verde lleva a cabo una campaña permanente a
nivel nacional e internacional para impedir que el voto de
Guatemala favorezca los
intereses balleneros. inicio |
